Venezuela: la arquitectura del odio y la deuda histórica que asfixia a la población LGBTIQ+.
Comunicación oficial del observatorio a los medios, con datos y contexto.
CARACAS — 20 de febrero de 2026 —
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ denuncia un ecosistema de desprotección estatal: entre la omisión legal, la represión postelectoral y una violencia que se traslada de las instituciones al hogar.
En Venezuela, ser una persona LGBTIQ+ no solo implica navegar prejuicios sociales; significa vivir en una «isla de desigualdad» jurídica en la región. Mientras los países vecinos avanzan, el Estado venezolano ha construido una arquitectura de omisión que hoy se traduce en cifras alarmantes: solo en el primer semestre de 2025, el OVV LGBTIQ+ documentó cerca de 150 casos de violencia y discriminación. Esta tendencia sistematiza un patrón ya observado en 2024, donde el 43,18% de los hechos violentos fueron perpetrados directamente por funcionarios del Estado (25% por fuerzas de seguridad y 18,18% por otros agentes públicos). No son hechos aislados, sino el resultado de un sistema que, al negar derechos básicos, entrega a los ciudadanos a la impunidad y al abuso, convirtiendo a las instituciones en verdugos y al hogar en un espacio de peligro.
El peso de 16 años de silencio
Para entender la violencia actual, es necesario mirar la deuda histórica. Venezuela arrastra una mora legislativa que constituye una violación sistemática de derechos humanos y alimenta una violencia estructural que ha cobrado vidas: desde 2008, se han documentado al menos 137 transfemicidios en el país.
Esta falta de reconocimiento jurídico envía un mensaje claro: estas vidas no son prioritarias para la ley. Este vacío es el que permite que la discriminación escale hasta convertirse en violencia física y persecución política, con mayor incidencia en regiones como el Distrito Capital y Miranda.
El Estado como agresor (2024-2025)
El contexto postelectoral de 2024 marcó un punto de quiebre. La comunidad LGBTIQ+ enfrentó una ola de represión estatal sin precedentes, caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración.
Ante este entorno de hostilidad, el exilio se ha convertido para muchos en el único mecanismo de protección; al menos seis activistas se vieron forzados a abandonar el país en el último año para resguardar su integridad.
El cierre del espacio cívico
La persecución no se limita a los individuos, sino que busca desmantelar el tejido asociativo de la comunidad. En un golpe drástico a la sociedad civil, organizaciones históricas han tenido que cesar sus actividades debido al clima de criminalización exacerbado por la Ley de Fiscalización de ONG (Ley AntiSociedad). Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, organizaciones como Venezuela Igualitaria, País Narrado y Venezuela Diversa anunciaron el cierre de sus operaciones para proteger la integridad física y emocional de sus miembros.
Cuando la ley decide no mirar
La violencia no solo viene del funcionario armado; viene del papel que no se firma y de la palabra que agrede desde el poder. Desde 2022, el OVV LGBTIQ+ ha reportado al menos 42 discursos con lenguaje discriminatorio emitidos por figuras públicas. Un caso emblemático fue el del Fiscal General de la República, quien calificó públicamente a las personas trans como «aberraciones humanas», legitimando la violencia desde la cúspide del sistema de justicia.
Esta desprotección se manifiesta en la cotidianidad de formas crueles:
El reconocimiento como acto de supervivencia
La violencia contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela no es un accidente social; es una violencia estructural. Cuando el Estado ignora el acoso a una adolescente trans en La Guaira o impone cláusulas discriminatorias para prohibir la Marcha del Orgullo en Barquisimeto, está validando la exclusión.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ reafirma que el silencio institucional es cómplice. Mientras no existan leyes que protejan la identidad, reconozcan las familias y sancionen el odio, el Estado seguirá siendo el principal verdugo. Reconocer estas historias es el primer paso para desmantelar la impunidad.
Si eres víctima o testigo de discriminación, el OVV LGBTIQ+ ofrece atención psicolegal y un espacio seguro para denunciar. No estás solx.